El Realito de San Nicolás de Croix
Octavio Herrera Pérez
Al
dar continuidad al conocimiento sobre el origen de algunos de los principales
procesos económicos que han marcado el acontecer histórico de Tamaulipas, nos
enfocaremos ahora en el breve pero significativo impacto que tuvo la
explotación minera en la sierra de la Tamaulipa Nueva (hoy Sierra de San
Carlos), durante la época colonial, específicamente en el real de minas de San
Nicolás de Croix, hoy municipio de San Nicolás de Degollado. Aquí tuvo lugar, a
partir de 1768, el descubrimiento de varias minas, las que generaron una
bonanza que se prolongó de manera sostenida durante ocho años. La mina
“descubridora” fue de Rafael Gallegos, llamada Nuestra Señora de la Soledad.
Otras iniciales fueron la de San Félix, la de Nuestra Señora de Guadalupe, propiedad
de Manuel Esquivel. Otra la de Lucas Torres y consortes, llamada Las Ánimas; la
del Carmen, de José Quirós; la Ave María, de Juan Lucio y consortes. Finalmente
estaba la mina Espíritu Santo, de Juan José Quirós.
Dichos descubrimientos coincidieron con
la presencia del gobernador Juan Fernando de Palacio (sustituto del coronel
José de Escandón), quien dispuso una serie de medidas para fomentar este real y
el de San José. También ordenó la integración de una junta, “a pluralidad de
votos”, entre los mineros de ambos reales, de cinco individuos, para tomar los
acuerdos necesarios en la materia de minería. La junta fue presidida por el
capitán de la villa de San Carlos, Luis de la Fuente, así como por Simón
Álvarez de Nava, funcionario de la real hacienda. Los vocales fueron José Díaz
del Pliego, quien trabajaba en aparcería
de tres minas en el real de San Nicolás; Francisco Gutiérrez, minero en ambos
reales: Manuel José Esquivel, minero de San Nicolás; José de Cuevas, apoderado
del capitán Juan de Muñiz, minero en ambos reales; Juan Pérez, de la villa de
Hoyos, representantes del teniente Alonso López Quintela; y Diego Sánchez
Navarro, administrador con poder del
bachiller Francisco Javier Barbosa, minero en San José y párroco de la iglesia
del Valle del Pilón, en el Nuevo Reino de León.
Con el
tiempo, las minas más importantes en San Nicolás fueron la de Nuestra Señora de
la Luz (o de Canchola)”, que producía a marco por quintal. Otra era la mina del
Carmen y la tercera era la del Espíritu Santo, situada más al poniente de las
anteriores, en la cima del cerro, la que producía cinco a seis onzas de plata
por quintal. A juicio de los conocedores la ley de plata de este real era
superior a los reales de Mazapil, Boca de Leones y Vallecillo. Y en cuanto a la
producción efectuada, en los reales de San Nicolás y San José, era de 1 500
marcos de plata y 3 de oro, que a un costo de 6 pesos por onza de plata y 10
pesos por la de oro, que reportaban una suma de $ 9 240 pesos.
En
1772, el bullicio de mineros, buscadores, rescatadores, arrieros, comerciantes
y oficiales con autoridad fiscal y política, inundaba el pequeño real de San
Nicolás de Croix, que vivía el momento clave de su auge argentífero. Todas las
cañadas, filos y cumbres de la serranía aledaña eran recorridos constantemente
por los hombres interesados en encontrar cualquier evidencia que demostrara la
posibilidad de convertirse en una rica mina de plata, por lo que se contaban
hasta veinticinco catas. No obstante, de tales búsquedas frenéticas habían
resultado veintinueve minas, las que en ese tiempo estaban siendo trabajadas
por sus dueños y operarios, estando desamparadas siete de ellas, por la pobreza
de sus propietarios. Para beneficiar los metales, en el entorno del real habían proliferado los
galemes, siendo unos pequeños hornos en donde a base de fuego se hacía escurrir
la plata. De esta forma, llegaron a operar setenta y nueve galemes, además de
tres haciendas de beneficio, una de agua (situada en la villa de San Carlos) y
dos de tracción animal.
En ese
momento el real de San Nicolás tenía ya el aspecto de toda una población en
forma; el problema era que en su cercanía escaseaba el agua y la leña. Por ello debieron recurrir a traerla de lugares apartados, lo que hizo aumentar su
precio y por tanto, elevar los costos de la producción, hasta tres tantos más
de lo que valía la leña en 1768, cuando se descubrió el real. Por si no fueran suficientes esas
dificultades materiales, los mineros debieron enfrentarse a las imposiciones
burocráticas del interventor de la plata y recaudador de alcabalas, Simón
Álvarez de Nava, quien exigió que los minerales extraídos debían llevarse a San
Carlos, para que allí se realizara el beneficio de la plata; ello implicaba que
debería cesar completamente el uso de los galemes en San Nicolás. De entrada,
esta medida resultaba perjudicial por los riesgos del traslado, a través de un
mal camino de seis leguas sinuosas de montaña. Además implicaba el pago de altos
fletes y si el propio dueño hacía el viaje, se perdía el ritmo del laborío en
la mina. Otra posible pérdida era que si se enviaba a un sirviente se exponían al
robo o extravío de sus metales; como ya le había ocurrido al propio Álvarez de
Nava, al huírsele un sobrino suyo con más de ochocientos pesos en plata, que
conducía a San Luis Potosí.
La
exigencia del interventor de platas contaba con el apoyo del gobernador Vicente
González de Santianes, sobre quien ejercía una notable influencia. Y ya de
antemano había hecho probar su poder ante los mineros de San Nicolás, al acosar
a Antonio García, quien continuó beneficiando metal en unos hornillos fuera del
real, sufriendo una persecución por parte de Álvarez de Nava, obligándolo a
abandonar el real. Por tal razón los mineros quisieron protestar, pero se
desistieron ante el temor de las represalias. Lo que veían los mineros de
trasfondo era que el interventor, quien además era el juez de las guías
mineras, quería sacar provecho del beneficio del metal en un lugar bajo su
control, estando asociado con algunos comerciantes de San Carlos, que deseaban
hacer negocio con el movimiento de la plata, lo mismo que el suegro del
alcabalero, Mateo Inchaurregui, quien era “de su mismo genio y carácter”.
Además, Álvarez de Nava cometía el abuso de cobrarles diez reales por cada guía
de minas, cuando originalmente se había dispuesto otorgar privilegios y
exenciones de impuestos a los incipientes reales mineros de esta serranía.
Al
reactivarse la resistencia de los mineros de San Nicolás, fueron encabezados
esta vez por Tomás de Zubiaur, quien pudo elevar un reclamo ante las más altas
autoridades del virreinato, a las que expuso la situación prevaleciente en la
sierra de la Tamaulipa Nueva. Analizado el caso por el fiscal de la real
audiencia, el virrey Antonio Bucareli y Ursúa acordó que se hiciera una
investigación de lo que estaba aconteciendo en aquella región minera del Nuevo
Santander, y por lo pronto le levantó cualquier castigo que pesara sobre el
prófugo Antonio García. Para llevar a cabo estas diligencias, se designó a
Melchor de Noriega y Coibelles, un personaje ligado a la familia del coronel
José de Escandón, para quien colaboró como administrador de la hacienda de San
Juan y que en 1771 contrajo nupcias con doña Josefa de Escandón, hija del conde
de Sierra Gorda.
A fin
de realizar su trabajo con la mayor imparcialidad, tomó el parecer del capitán
de la villa de Hoyos, Juan de Muñiz, así como de otro distinguido vecino de esa
misma población, Alonso López Quintela,
ya que ambos habían sido mineros en San Nicolás y habían formado las dos
haciendas de beneficio que se ubicaban en San Carlos, de cuyas labores se
habían retirado. Acto seguido, para conocer la realidad imperante en las minas,
tomó declaración a trece personajes involucrados directamente en el caso.
Finalmente, Noriega concluyó que había que dejar libremente el beneficio de la
plata en las propias inmediaciones del real de San Nicolás, bajo el rústico
sistema de galemes, siempre y cuando hubiera la supervisión oficial adecuada
para que los mineros contribuyeran con el correspondiente quinto del rey, y que
no se permitiera el fraude. Y así siguió la actividad minera, hasta que finalmente
la bonanza argentífera se agotó, hacia 1776.
ocherrera@uat.edu.mx
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